1 de setembro de 2017

¿Qué pasa con la implementación de la ley de educación sexual integral?

La Nación, 
VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 • 10:27

Ya pasaron casi 11 años desde la sanción de esta ley; educadores, estudiantes y referentes en la materia denuncian la desarticulación del programa; qué dice el ministerio de Educación

La ley 26.510 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y, en su primer artículo, establece que "todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada" desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. En su formulación es integral porque contempla una formación en relación a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, la inclusión de temas como identidad de género, orientación sexual y la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres.



Lo que establece la ley en su origen, además, es la creación de un Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, así como el desarrollo de capacitaciones presenciales y virtuales a los docentes bajo la órbita del Instituto Nacional de Formación Docente junto con el área de Educación Sexual Integral y la elaboración de materiales y recursos para que los contenidos alcancen a todas las comunidades educativas del país.
Lo expuesto en los párrafos anteriores está escrito en la ley, a la que todos tienen acceso, pero ¿qué ocurre en la práctica?



Según un informe de UNICEF de julio de este año, "la mayoría" de los estudiantes a nivel nacional asocian educación sexual integral únicamente con relaciones sexuales. Además, se mostraron insatisfechos con el tipo de educación obtenida y señalaron, particularmente, la escasez de información y la forma inadecuada de transmitirla. En esta misma línea, un informe de Libres del Sur y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) en la Ciudad de Buenos Aires arrojó que el 31% de los 200 jóvenes encuestados no recibió educación sexual en la secundaria. El 69% restante la asoció, en mayor medida, con contenidos vinculados al funcionamiento del aparato reproductivo (95%), métodos anticonceptivos (94%) y prevención de enfermedades de transmisión sexual (92%) y dijeron que recibieron menos de dos horas de cátedra al año durante su secundario.
Betiana Cáceres, ex Coordinadora del Programa de Jóvenes de la Fundación Huésped, dijo en diálogo con LA NACION: "La ley de educación sexual es integral, tiene un abordaje muy comprensivo de la sexualidad en todos los sentidos de la vida. Entonces, si aun el abordaje es con una mirada biologicista quiere decir que todavía hay mucho por hacer".



El Programa Nacional de Educación Sexual plantea la necesidad de "procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres". Las especialistas coincidieron en que la ley no tiene una aplicación plena y que este aspecto no se toma en consideración al momento de delinear los contenidos que se imparten en las capacitaciones.
Paula Rey, vocera del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, opinó: "Si queremos vivir libres de violencias, niñas y niños deben recibir una crianza libre de estereotipos y es necesario llevar a las aulas la perspectiva de género y un enfoque de derechos".
La presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, señaló la importancia de que en la escuela se reconstruyan los roles estereotipados de masculinidad y femineidad: "Los alumnos internalizan los estereotipos que deberían ser reubicados a través de la educación sexual. Por ejemplo, que los nenes no deben llorar y que las nenas no tienen que treparse a los árboles ni jugar a la pelota".
Cáceres enumeró conductas similares y opinó: "Los docentes pueden observar esas prácticas y tomar decisiones activas para reformular y resignificar los espacios y así permitir que todos y todas vivenciemos nuestras posibilidades y nuestros intereses libres".

Docentes y estudiantes reclaman el cumplimiento de la ley

De acuerdo con la mirada de Cáceres, que trabajó con jóvenes en la Fundación Huésped, la implementación de la educación sexual termina dependiendo de la buena voluntad de los docentes: "En el mejor de los casos, este docente puede ser la punta de lanza para generar un movimiento institucional y para que luego la escuela asuma la obligación de implementar la ley".


La ley es integral y contempla una mirada abarcativa sobre la formación en relación a la sexualidad

Florencia Cortelletti, docente y especialista en educación sexual, señaló: "Los contenidos tienen que ser transversales a todas las materias y en todos los niveles. Cuando un docente da matemática, por ejemplo, puede incluir estadísticas sobre violencia de género".
Lucas Grimson, integrante del Centro de Estudiantes del ILSE, recordó que en la primaria tuvo charlas separadas por sexo y limitadas al aspecto reproductivo de la sexualidad. Sin embargo, gracias a las exigencias de los estudiantes, este año incorporaron clases sobre los ejes de la ley: "Lograr la implementación no es lograr una charla 'piola' una vez al año, porque justamente es integral y debería atravesar a todas las materias en los programas oficiales de los colegios".

Quiénes son los responsables de la implementación y el control

La implementación de la ley requiere de la articulación entre múltiples actores: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales y las instituciones educativas. "El rol del Estado es clave -afirmó Cáceres-. El ministerio de Educación de la Nación tiene un rol rector, pero también entran en juego las jurisdicciones, los gobiernos provinciales y municipales y después hay un margen de acción que tienen las autoridades de cada escuela. En estos diversos niveles de decisión es muy importante tanto el trabajo de abajo hacia arriba como el de arriba hacia abajo".
En su opinión, la principal falencia está en la falta de voluntad política. "Es importante que los gobiernos asuman las responsabilidades que les tocan y que los docentes, estudiantes, familias y todas las comunidades educativas demanden e impulsen que estos temas se trabajen para que mejore el alcance a las instituciones", opinó.
Para Bianco, desde la sanción de la ley "el ministerio no ejercitó su poder de orientador de la currícula escolar en los distintos niveles a través del Consejo Federal de Educación al no urgir y comprometer a las provincias a desarrollar la implementación de la ESI con vocación y decisión política".

Qué dice el Ministerio de Educación de la Nación

Según el área de comunicación del Ministerio, cada jurisdicción asume el compromiso de aplicar la ley. En 2014 y 2015 realizaron instancias de evaluación del dispositivo de capacitación y su impacto en la práctica institucional y monitorearon la ejecución de "los compromisos asumidos". Los datos obtenidos fueron los siguientes: "Modificación de las representaciones sociales de las y los docentes, alta valoración de los materiales de ESI, inclusión de los contenidos de ESI en la planificación y los proyectos institucionales en un 80%".
Sostuvieron que, en la práctica, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, a través del ministerio nacional, asiste financiera y técnicamente a las jurisdicciones para el cumplimiento de la ley. "El programa, además, traza las líneas rectoras para la implementación, como por ejemplo la producción y distribución de los materiales y la definición de los contenidos y los dispositivos para la capacitación continua presencial y virtual", añadieron.


Uno de los materiales que elaboró el Programa Nacional de Educación Sexual Integral

Ante la consulta de LA NACION acerca de si en la actualidad existe una supervisión, sostuvieron que están trabajando en conjunto con UNICEF desde fines del año pasado "para crear un sistema de indicadores para el monitoreo y la evaluación de la gestión nacional y provincial así como para las instituciones educativas".
Revelaron que el presupuesto que se destinará al Programa Nacional de Educación Sexual Integral el año que viene es de aproximadamente 123.500.000 pesos.

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